2.     Ser mayor de edad.

3.     No ser propietario de una vivienda ni el solicitante ni su cónyuge o conviviente. Los propietarios de viviendas sólo podrán participar en los programas destinados a la ampliación o mejoramiento de las mismas.

4.     Presentar declaración jurada en la cual manifieste que habitará la vivienda.

5.     No haber sido objeto de algún otro subsidio o beneficio de carácter habitacional, a excepción de aquellos que opten a un programa de ampliación o mejora de su vivienda principal.

6.     Estar inscrito en el Registro Único de Postulantes, Comunidades Postulantes y Beneficiarios.

7.     Cualquier otro que establezca el Reglamento de esta Ley o el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, mediante publicación en Gaceta Oficial.

En la preselección debe considerarse la condición socioeconómica, fuente de financiamiento a la que tendría acceso de acuerdo a su condición socioeconómica y condiciones del subsidio.

De la calificación a la asistencia habitacional

Artículo 253. El Sistema de Elegibilidad de los Beneficiarios calificará a los postulantes preseleccionados para la asistencia habitacional, de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en esta Ley y su Reglamento. Debe considerar el tipo de asistencia habitacional solicitada, la condición habitacional al momento de postularse, la tenencia de la vivienda actual, el número de núcleos familiares en el hogar, las características de cada núcleo familiar, el número de personas que integra cada núcleo familiar, ingresos económicos, esfuerzo de ahorro medido a partir del ahorro voluntario, dinámicas y condiciones demográficas, así como cualquier otra característica que determine el Reglamento de esta Ley.

Capítulo VI

Del subsidio directo habitacional

Artículo 254. El subsidio directo habitacional previsto en esta Ley constituye una contribución directa del Estado destinado a apoyar a los ciudadanos, ciudadanas, familias y comunidades beneficiarios de la asistencia habitacional al cual optan, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento. Es no restrictivo, productivo, abierto y de libre acceso, de carácter no reembolsable, asignado a través del Sistema de Elegibilidad de Beneficiarios previsto en esta Ley y su Reglamento, y estará destinado para la adquisición, ampliación o mejoras de una vivienda principal regular o de ejecución progresiva.

El subsidio directo habitacional será otorgado una sola vez, en una porción única o de manera progresiva, dependiendo de las características de la asistencia habitacional recibida, salvo en aquellos casos en que los beneficiarios de éste sean objeto de situaciones de contingencia por catástrofes naturales, calamidades públicas u otro acontecimiento similar, decretados por el Ejecutivo Nacional de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este subsidio estará sujeto a las condiciones económicas y demográficas del grupo familiar aplicando los criterios de progresividad, disponibilidad, viabilidad y ahorro, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

 Requerimientos para la enajenación

Artículo 255. El propietario de una vivienda construida con recursos de los Fondos establecidos en esta Ley, podrá enajenarla en cualquier momento, previa cancelación del subsidio directo habitacional recibido a su valor actualizado al momento de la venta. Los registradores no podrán inscribir ninguna negociación sin el comprobante de cancelación del monto del subsidio actualizado, emitido por el organismo competente.

El documento de compraventa deberá contener, el monto del subsidio recibido y el precio de venta de la vivienda, el cual deberá reflejar todos los costos vinculados tales como: el valor del terreno, los estudios previos como el levantamiento topográfico, de suelos y cualquier otro, el proyecto, la ejecución, la inspección y la operación durante la construcción de la vivienda.

 

TÍTULO VI

DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN,

LA RESPONSABILIDAD Y LAS SANCIONES

Capítulo I

Del control y supervisión

Artículo 256. El control y supervisión de la normativa contenida en la presente Ley será ejercido de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social por la Superintendencia del Sistema de Seguridad Social.

La Superintendencia del Sistema de Seguridad Social tendrá a su cargo, en materia de vivienda y hábitat, el control y supervisión de todo lo relacionado con la aplicación de la presente Ley a los patronos, los ahorristas, los operadores, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, los constructores promotores y los órganos y entes ejecutores con recursos de esta Ley y ejercerá dichas funciones sin perjuicio de las facultades de control y supervisión que poseen otras instancias, de conformidad con las leyes especiales.

En el ejercicio de sus funciones, la Superintendencia del Sistema de Seguridad Social tendrá las más amplias facultades de control y supervisión y, a tales efectos, podrá requerir, tanto de las personas sujetos de obligaciones y derechos conforme a lo previsto en esta Ley, como de terceros, el suministro de información relacionada con hechos que resulten pertinentes a los fines de cumplir con sus atribuciones.

Capítulo II

De la responsabilidad

Responsabilidad

Artículo 257. Los autores, coautores, cómplices y encubridores de infracciones y faltas establecidas en la presente Ley son responsables de conformidad con lo previsto en las leyes sobre la materia.

Las personas naturales, las personas jurídicas de derecho público o de derecho privado y las entidades sin personalidad jurídica, son responsables por infracciones o faltas según lo dispuesto en esta Ley, independientemente de la responsabilidad que puedan tener sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios por su actuación personal en la infracción o falta.

 

Capítulo III

De las sanciones

Artículo 258. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, las contravenciones a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y a las Resoluciones emanadas del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat y del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, relacionadas con la aplicación de la presente Ley, serán sancionadas por la Superintendencia del Sistema de Seguridad Social, conforme a las atribuciones que se le establecen en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

Sin perjuicio de la supervisión que le corresponde realizar a la Superintendencia del Sistema de Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras aplicará a los entes operadores financieros y al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat las sanciones que correspondan, por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y otras leyes aplicables a las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos a los que se refiere esta Ley.

En el caso de los operadores no financieros, las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley serán impartidas por la Superintendencia del Sistema de Seguridad Social.

Sanciones pecuniarias

Artículo 259. Las sanciones impuestas como consecuencia de la violación de los mandatos contenidos en la presente Ley, son de carácter pecuniario, sin perjuicio de la aplicación de penas privativas de libertad que deberán ser impuestas por los órganos jurisdiccionales con sujeción a los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Las sanciones pecuniarias no son convertibles en penas privativas de la libertad sino que se harán efectivas como obligaciones civiles.

Concurrencia

Artículo 260. Cuando se constate la concurrencia de diferentes hechos que constituyan infracciones o faltas conforme a esta Ley, se aplicará la sanción correspondiente al hecho más grave, y se computa el doble de la sanción.

Sección primera: de las sanciones a los empleadores

Artículo 261. Cuando los empleadores no enteren en la cuenta de ahorro obligatorio los aportes destinados al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda a nombre de cada uno de los trabajadores, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, serán sancionados con una multa equivalente a la cantidad de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) por cada aporte no enterado, sin perjuicio del establecimiento de la responsabilidad civil o penal correspondiente.

Sección segunda: sanciones a los operadores financieros

Retardo de los operadores financieros en enterar los aportes

Artículo 262. Todos los aportes destinados a los diferentes Fondos, la recuperación de los créditos, los intereses y las primas, enterados a través de los operadores financieros, deben ser enterados por éstos ante el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat de inmediato. El retardo por parte de los operadores financieros en enterar dichos recursos será sancionado con una multa equivalente a una unidad tributaria (1 U.T.) diaria por cada un bolívar (1 Bs.) no enterado.

El incumplimiento de otras obligaciones distintas a la mencionada en el párrafo anterior y establecidas en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, su Reglamento, Resoluciones del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat por parte de los operadores financieros, será sancionado con multas equivalentes a un monto de un mil cuatrocientas unidades tributarias (1.400 U.T.) hasta cinco mil ochocientas unidades tributarias (5.800 U.T.) y, de acuerdo a la gravedad de la infracción serán impuestas a las personas que integran la Junta Directiva de la Institución correspondiente. En caso de reincidencia por parte de los operadores financieros, la Superintendencia del Sistema de Seguridad Social, previa opinión favorable del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, las excluirá de su participación en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

Tramitación extemporánea de las solicitudes de indemnización

Artículo 263. Si el operador no tramitare oportunamente ante el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat las solicitudes de indemnización y éste se viere obligado a pagarla, el operador deberá resarcir al Fondo de que se trate, el perjuicio ocasionado, cuyo monto será igual al de la indemnización más los intereses a que haya lugar, de acuerdo al convenio que se suscriba al efecto.

Desviación de recursos

Artículo 264. Los operadores que hayan destinado recursos financieros del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, para fines distintos a los establecidos en esta Ley, estarán obligados a reintegrar tales recursos, sin perjuicio de la aplicación de una multa no menor del doble de dichos recursos y de las sanciones previstas en este Capítulo, a la institución y a los miembros de su Junta Directiva. El retardo en la devolución de estos recursos generará intereses de mora aplicando la tasa de interés moratoria máxima que permita el Banco Central de Venezuela a las instituciones financieras y su monto pasará a formar parte del Fondo del cual provengan los recursos.

Sección tercera: de las sanciones al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat

Incumplimiento de las obligaciones

Artículo 265. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento, así como de las Resoluciones del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat por parte del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, será sancionado por la Superintendencia de Seguridad Social con multas equivalentes a un monto mínimo de un mil cuatrocientas unidades tributarias (1.400 U.T.) hasta un máximo de cinco mil ochocientas unidades tributarias (5.800 U.T.), de acuerdo a la gravedad de la infracción y serán impuestas a los miembros de la Junta Directiva. Cuando el incumplimiento retarde la ejecución de los Planes de Desarrollo en Vivienda y Hábitat y las causas sean imputables a las autoridades del Banco, además de la multa, serán causales de remoción del cargo que ocupen.

Cuando las autoridades o los funcionarios del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, con o sin la aprobación del Comité de Financiamiento en Vivienda y Hábitat o el Comité de Colocaciones Financieras, destinen recursos a fines distintos a los contemplados en la presente Ley o violen las políticas, normas y procedimientos establecidos en relación a la entrega de recursos, serán sancionados en la persona responsable por la Superintendencia de Seguridad Social, con una multa equivalente a un mínimo de cien unidades tributarias (100 U.T.) hasta un máximo de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) y destituidos de sus cargos, sin perjuicio de la aplicación de las leyes penales correspondientes.

Articulo 266. Cuando la cuota mensual de pago impuesta a un beneficiario para la cancelación de un crédito otorgado con recursos de esta Ley exceda el veinte por ciento (20 %) del ingreso familiar, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat será sancionado con una multa equivalente a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) por cada beneficiario afectado.

Sección cuarta: de las sanciones a las comunidades y beneficiarios

Sanción a comunidades

Artículo 267. Toda comunidad que reciba un préstamo hipotecario a corto plazo de los previstos en esta Ley, que no cumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley, su Reglamento, en las Resoluciones emanadas del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat y del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y en el respectivo contrato de préstamo, será sancionada por la Superintendencia de Seguridad Social con multa equivalente entre el dos por ciento (2%) y el veinte por ciento (20%) del monto del préstamo acordado, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones que correspondan conforme a la relación contractual. En caso de reincidencia el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat podrá excluir a la comunidad de su participación en la ejecución de recursos del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Sanciones a los beneficiarios

Artículo 268. Los beneficiarios de créditos hipotecarios a largo plazo otorgados con recursos del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat que suspendan sin justificación el aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda o al Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda, según sea el caso, perderán el beneficio del plazo otorgado para la devolución del préstamo.

Los beneficiarios de créditos hipotecarios a largo plazo que no consignen ante el operador financiero, en la forma y oportunidad que establezca el Reglamento de esta Ley, los recaudos necesarios para la determinación de la cuota en función de sus ingresos, perderán el derecho del ajuste anual de la cuota en función del ingreso familiar anual, en el año en el cual no se cumplió con tal obligación.

Sección quinta: de las sanciones a los funcionarios de los organismos públicos ejecutores de recursos financieros del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat

Artículo 269. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, su Reglamento y Resoluciones del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat y del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat por parte de los funcionarios de los organismos públicos ejecutores de recursos financieros establecidos en esta Ley, será sancionado por la Superintendencia de Seguridad Social, en la persona responsable.

Si la infracción es cometida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones será sancionado con una multa equivalente a un mínimo de cien unidades tributarias (100 U.T.) hasta un máximo de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.), según el nivel de responsabilidad del funcionario público, sin perjuicio de las leyes que rigen la actuación de los funcionarios públicos.

Los funcionarios encargados de la administración de los recursos financieros de esta Ley, están obligados a indemnizar al Fondo correspondiente por todos los daños y perjuicios que causen por la infracción de esta Ley y por abuso, falta, dolo, negligencia, impericia o imprudencia en el desempeño de sus funciones.

Los superiores inmediatos del funcionario sancionado, deberán iniciar el procedimiento para la aplicación de la multa, so pena de incurrir en falta grave que se castigará de conformidad con la ley.

Sección sexta: de las sanciones comunes a los sujetos obligados por esta Ley

Falsedad en el suministro de la información

Artículo 270. La falta de suministro o falsedad por parte de cualquier persona natural o jurídica de la información a la que están obligadas a entregar conforme a la presente Ley, su Reglamento y las Resoluciones emanadas del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat y del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, será sancionada por la Superintendencia de Seguridad Social, con multa equivalente entre setenta unidades tributarias (70 U.T.) y ciento cuarenta unidades tributarias (140 U.T.) en el caso de personas naturales, y entre cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.) y dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) si se trata de personas jurídicas. En caso de que la infracción sea cometida por una persona jurídica serán sancionadas, además, proporcionalmente, las personas naturales que sean administradoras de la misma.

Restricción para calificación

Artículo 271. Las personas, grupos o familias que ocupen terrenos nacionales, municipales, privados o viviendas construidas o adquiridas con recursos del Estado venezolano, sin cumplir con las disposiciones y procedimientos pautados en la ley, deben ser sancionados según lo establecido en las leyes que regulan la materia.

Los entes públicos de carácter nacional, estadal o municipal no formalizarán en ningún caso la propiedad de las viviendas o terrenos ocupados ilegalmente.

Otros sujetos de responsabilidad

Artículo 272. Cuando un mandatario, representante, administrador o dependiente incurriere en infracción en ejercicio de sus funciones, en virtud de una acción u omisión, será responsable solidario y sancionado por la Superintendencia de Seguridad Social con una multa equivalente a un mínimo de setenta unidades tributarias (70 U.T.) y un máximo de ciento cuarenta unidades tributarias (140 U.T.). No obstante, cancelada la sanción, el representado podrá ejercer la acción de reembolso contra el representante.

Sección séptima: del destino de los recursos de las multas

Artículo 273. Los recursos generados por las multas, que de conformidad con esta Ley se impongan a los empleadores, operadores financieros, Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, comunidades y beneficiarios, funcionarios de los organismos públicos ejecutores de los recursos financieros de esta Ley y a todos los sujetos obligados por esta Ley, pasarán a formar parte de los recursos del Fondo cuyo patrimonio resultó afectado por la infracción o la falta.

 

TÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINAL

Capítulo I

Disposiciones Transitorias

Primera: En un lapso no mayor de noventa días continuos, contados a partir de la publicación de esta Ley, el Ejecutivo Nacional deberá presentar a la Asamblea Nacional los proyectos de leyes especiales de supresión y liquidación de los siguientes institutos autónomos: Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), creado mediante la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.066 de fecha 30 de octubre del año 2000; Servicio Autónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV), creado mediante la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.066 de fecha 30 de octubre de 2000; Instituto Nacional de la Vivienda, (INAVI) creado por el Decreto Nº. 908 de fecha 23 de mayo de 1975, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 1.746, Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 1975; y el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), creado por ley el 1º de septiembre de 1975, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 30.790 de fecha 9 de septiembre de 1975.

Segunda: El lapso para proceder a suprimir y liquidar los entes mencionados en la Disposición Transitoria Primera de esta Ley y cualesquiera otro no contemplado en esta Ley, no podrá exceder del 31 de diciembre del año 2006. Por tal razón, éstos no deberán contraer compromisos que impliquen la utilización y desembolso de recursos para el ejercicio fiscal 2007.

Tercera: De conformidad con el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela si quedaren asuntos judiciales o administrativos pendientes, se aplicarán las disposiciones procesales vigentes desde el mismo momento de entrada en vigencia, aun en los procesos que se hallaren curso.

Los recursos ya interpuestos, la evacuación de las pruebas ya admitidas, así como los términos o lapsos que hayan comenzado a correr, se regirán por las disposiciones anteriores.

Cuarta: El Ejecutivo Nacional podrá otorgar, de mutuo acuerdo con los trabajadores, jubilaciones y pensiones especiales a los trabajadores adscritos a los entes mencionados en la Disposición Transitoria Primera que hayan laborado no menos de quince años en la administración pública, sin menoscabo de los derechos económicos y sociales adquiridos, según la Ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional de los estados y municipios, reglamentos vigentes, contratos colectivos, el Convenio Marco de los Empleados de la Administración Pública y el Convenio Marco de los Obreros al Servicio del Estado.

Quinta: Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat creará en un lapso no mayor de sesenta días después de la aprobación de esta Ley:

1. Una Junta Liquidadora conformada por cinco personas incluyendo un representante de los sindicatos y los trabajadores de cada ente en proceso de supresión, la cual asumirá las obligaciones propias de cada uno de los entes en proceso de liquidación.

Estas Juntas Liquidadoras deberán traspasar, en un lapso de treinta días después de constituidas, los recursos financieros, fideicomisos y fondos disponibles para la ejecución y desarrollo de los programas, proyectos y obras de vivienda y hábitat, al Fondo de Aportes del Sector Público en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Así mismo, las leyes especiales a crearse establecerán todo lo concerniente a la transferencia de todos los bienes y el patrimonio neto de cada uno de ellos al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.

El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, una vez presentada la opinión emitida por la Junta Liquidadora previa consulta con los sindicatos de cada ente, seleccionará a los funcionarios de carrera de estos institutos que considere necesarios para el cumplimiento de las funciones y competencias que le asigne esta Ley, la cual deberá asumir los pasivos laborales que se deriven de la liquidación de esos entes.

2. Una Unidad Operativa de Ejecución (UOE) para cada instituto contemplada en la Disposición Transitoria Primera, con la finalidad de culminar los proyectos y las obras iniciadas o de aquellos con actas de inicio.

Sexta: La contratación que, a tal efecto, realicen durante el proceso de liquidación y supresión de los entes mencionados en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda, las Juntas Liquidadoras serán coordinadas, supervisadas y controladas por el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat. A tal efecto, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat se encargará de la canalización de los recursos para la culminación de las obras, una vez efectuado el proceso de traspaso enunciado en el numeral 1 de la Disposición Transitoria Quinta.

Séptima: El Ejecutivo Nacional, sin menoscabo de las competencias que correspondan a cada ámbito territorial, establecerá en un lapso no mayor de doce meses contados a partir de la promulgación de esta Ley, el organismo integral en cada estado y municipio que cumpla con las atribuciones que le asigne esta Ley, por lo que a partir de esa fecha, no podrá existir duplicidad de funciones en materia de vivienda y hábitat, debiendo por lo tanto estos órganos adecuar su normativa u ordenanza a los preceptos establecidos en esta Ley. Dicho lapso, podrá prorrogarse únicamente por un periodo de seis meses.

Octava: El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, asumirá las competencias del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, y las funciones que viene desempeñando éste, conforme a la ley que lo rige, sin perjuicio de las que le corresponde según lo establecido en la presente Ley y en la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Hasta tanto no se desarrolle el estatuto especial que regulará la carrera del funcionario del Sistema de Seguridad Social, prevista en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, se continuará aplicando el Régimen de personal previsto en el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo cuyas funciones serán asumidas por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.

Las obligaciones laborales del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo y la administración de las obligaciones de aquellos entes en proceso de supresión y liquidación serán asumidas por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, conjuntamente con las obligaciones que se deriven de sus respectivos fondos de pensiones y jubilaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, hasta la aprobación e implantación del Sistema Prestacional de Previsión Social.

La Junta Directiva de Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, actuará como Junta de Transformación de la Organización del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo en Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y conjuntamente con un representante de las organizaciones sindicales, seleccionará el personal necesario para realizar las funciones establecidas en la ley.

Novena: Hasta tanto entre en funcionamiento la Tesorería de Seguridad Social, los recursos financieros provenientes del aporte del sector público previstos en la Ley de Presupuesto, serán transferidos al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat por intermedio de la Tesorería Nacional.

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat dispondrá de treinta días continuos para constituir y adecuar los Fondos a que hace referencia esta Ley.

Décima: Al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat le serán transferidos los registros contables de las cuentas individuales que conforman el Fondo Mutual Habitacional y las hipotecas, previstos en la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.066 de fecha 30 de Octubre de 2000, al igual que todas las anteriores referidas a esta materia, en un lapso no mayor de noventa días a partir de su constitución. El Banco Nacional de Ahorro y Préstamo establecerá la metodología y el plazo de estas transferencias.

Décima Primera: El traspaso de las carteras activas, pasivas, fideicomisos y otras operaciones realizadas por las instituciones financieras con los recursos indicados en el Decreto Nº 366 con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, se efectuará mediante Resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. La Resolución señalada deberá contener la identificación de los intermediarios financieros que intervengan en la operación de traspaso con indicación de las Oficinas Subalternas de Registro Público donde se encuentren protocolizados los documentos de hipoteca correspondientes.

Será obligación de los registradores subalternos la inserción de las respectivas notas marginales en los documentos de hipoteca contenidos en la Resolución de traspaso de cartera hipotecaria a la que hace mención este artículo.

Todos los fideicomisos constituidos en bancos públicos o privados, con el fin de financiar con recursos públicos nacionales, contemplados en los presupuestos de los entes descentralizados de la Administración Pública Nacional para la producción y la adquisición de viviendas, deberán ser transferidos al Fondo de Aportes del Sector Público en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.

Décima Segunda: Durante el tiempo que dure las transferencias de funciones del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, los intermediarios financieros a los que se refiere la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.066 de fecha 30 de octubre de 2000, deben suministrar toda la información que les sea requerida por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.

Décima Tercera: El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat tendrá hasta el 31 de diciembre del año 2005 para crear todos los Registros contemplados en esta Ley, el Sistema de Elegibilidad de Beneficiarios y la Red de Información y Comunicación de Vivienda y Hábitat, conforme a las condiciones establecidas en esta Ley.

Décima Cuarta: Los beneficiarios de los créditos otorgados conforme a la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.066 de fecha 30 de Octubre de 2000, al igual que todas las anteriores referidas a esta materia, continuarán amparados por el Fondo de Garantía, en los términos y condiciones previstos en la presente Ley.

Décima Quinta: Los créditos vigentes individuales a largo plazo otorgados en el marco de la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.066, de fecha 30 de octubre de 2000 y las anteriores referidas a esta materia, continuarán amparados por los recursos del Fondo de Rescate, hasta la cancelación definitiva de éstos créditos. El Reglamento de esta Ley establecerá los términos y condiciones que regirán esta disposición.

Los activos del Fondo de Rescate serán mantenidos hasta tanto un estudio actuarial dispuesto por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, determine su transferencia a las reservas del Fondo de Garantía, en un lapso no mayor de noventa días continuos a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.

Décima Sexta: Los recursos provenientes del Fondo de Garantía Hipotecaria previstos en el marco de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, pasarán a incrementar las reservas técnicas del Fondo de Garantía previsto en la presente Ley, en un plazo no mayor de noventa días a partir de la entrada en vigencia de esta Ley y su distribución se efectuará de acuerdo al estudio actuarial de cada una de las coberturas previstas en dicho Fondo.

Décima Séptima: El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, de conformidad con esta Ley y en coordinación con los entes competentes, se avocará en un plazo no mayor de treinta días a la elaboración, actualización y mantenimiento del catastro urbano, a los fines de mantener un sistema de información que coadyuve en la formulación de políticas en materia de vivienda y hábitat.

A tales fines, el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat deberá establecer los respectivos apartados presupuestarios y parámetros adicionales para el cumplimiento de esta disposición.

Décima Octava: El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, desarrollará un programa nacional para poner en marcha los incentivos previstos en la presente Ley.

Décima Novena: Las averiguaciones administrativas que se encuentren en curso por ante el Consejo Nacional de la Vivienda, continuarán siendo sustanciadas y decididas conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.066 de fecha 30 de Octubre de 2000, hasta tanto entre en funcionamiento la Superintendencia de Seguridad Social prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, a partir de cuya fecha los respectivos expedientes pasarán, en el estado en que se encuentren, a ser tramitados y decididos por dicha Superintendencia, los cuales agotarán la vía administrativa.

Vigésima: Los regímenes especiales de vivienda del sector público preexistentes a la entrada en vigencia de esta Ley podrán convertirse en regímenes complementarios de carácter voluntario en los cuales los ahorristas deberán cotizar también en el régimen obligatorio para acceder al crédito respectivo.

Vigésima Primera: A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la cartera de créditos, en todos los niveles, otorgada con dineros provenientes de aportes fiscales o parafiscales o ahorros de trabajadores, bajo la tutela del Estado, como el Fondo de Ahorro Habitacional y el Fondo Mutual Habitacional, correspondientes a la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.066, de fecha 30 de octubre de 2000 y las anteriores referidas a esta materia, así como los rendimientos producto de colocaciones, inversiones, remanentes de capital o cualquier otro manejo financiero de estos dineros, pasarán a ser administrados por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, quien será el único ente autorizado para realizar directamente con cada deudor y de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el recálculo y refinanciamiento de todos y cada uno de los créditos hipotecarios.

Una vez realizado el recálculo de la deuda de acuerdo a lo establecido en la presente Disposición Transitoria, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat asumirá la responsabilidad de la administración y refinanciamiento de los mencionados créditos, reconociéndole en este caso a la banca privada y a los operadores financieros únicamente los costos de manejo de la cartera de crédito.

En el caso de que los créditos hipotecarios hayan sido otorgados con recursos propios de las instituciones financieras, calificados como recursos de otras fuentes y que así pueda ser demostrado, por aquellas entidades financieras de conformidad con la ley, se aplicará lo establecido a la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.098 de fecha 3 de enero de 2005.

Vigésima Segunda: Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de Infraestructura transferirá al Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, todos los planes de ordenamiento urbanístico y equipamiento urbano, elaborados o en proceso de elaboración. El Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat asumirá la supervisión de los proyectos en elaboración, hasta su culminación.

Vigésima Tercera: Mientras dure el proceso de supresión y liquidación de los entes mencionados en la Disposición Transitoria Primera de esta Ley, la Asamblea Nacional designará una representación que supervisará todo lo referente a este proceso.

Capítulo II

Disposiciones derogatorias

Primera: Se deroga el Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.066 de fecha 30 de Octubre de 2000 y cualesquiera otras normas que contradigan o colidan con la presente Ley.

Segunda: Se deroga el Título IV del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.555, Extraordinario, de fecha 13 de noviembre de 2001.

Capítulo III

Disposición final

Única: La presente Ley entrará en vigencia en la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede la Asamblea Nacional, en Caracas, a los doce días del mes de abril de dos mil cinco. Año 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente

 

RICARDO GUTIÉRREZ
Primer Vicepresidente

Pedro Carreño
Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario

JOSÉ GREGORIO VIANA
Subsecretario

 

IAZG/JGV/JCG/JAPB

 

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