2.850 inquilinos se sumaron a solicitudes de expropiación

El fin de semana, los vecinos se incorporaron a las listas que lleva el Cabildo Metropolitano para contabilizar el número de los inmuebles susceptibles de ser expropiados. El Colegio de Ingenieros de Venezuela saludó la idea de hacer los avalúos para la fijación de los precios de venta

Leidys Asuaje

Entre ésta y la próxima semana se prevé llegar a 95 edificios en negociación Foto HENRY DELGADO

Sólo en el Primer Encuentro Metropolitano de Inquilinos, realizado el sábado, 2.850 personas se inscribieron en las listas del Cabildo Metropolitano para pedir la expropiación de los inmuebles en los que residen. Con las solicitudes, se incrementó de 700 a 1.000 la cifra de edificios cuyos habitantes esperan por la aplicación del Decreto 87-2006, que autoriza las expropiaciones en construcciones de propiedad horizontal.

Únicamente 17 edificios han sido afectados por la Procuraduría Metropolitana y, en total, el organismo contabiliza 95 inmuebles ya supervisados, que entrarán en proceso de negociación entre ésta y la próxima semana. Neptalí García, vicepresidente del Cabildo, señala que las expropiaciones se agilizarían si se refuerzan las evaluaciones; propone delegar esa tarea en una comisión constituida por 500 funcionarios de la Fundación de la Vivienda, Funvi.

"No andamos en busca de edificios para expropiar, pero cada vez hay más vecinos que nos informan que cumplen con los requisitos para optar a la medida. Con la comisión evaluadora podríamos tener en menos de un mes un cálculo más exacto de las reparaciones que hay que hacerle a los inmuebles y el dinero que se necesita", dice.

Los primeros 95 edificios que se expropiarán son considerados importantes, según García, porque sobre ellos pesan ordenes de desalojos y denuncias de propietarios que se niegan a prorrogar los contratos. La mayoría (36 de acuerdo con las listas de los ediles) se ubica en la parroquia San Pedro. "En nuestro edificio el problema es los traspasos. Las 80 familias que pedimos la expropiación le hemos pagado al dueño cerca de 600 millones de bolívares", relata José Carrasquel, presidente de la Organización Comunitaria de Inquilinos de Bello Monte. Carrasquel es habitante del edificio San Francisco, que será negociado con parte de los 350 millardos de bolívares que el Ejecutivo cedió a la Alcaldía Metropolitana. "Hasta el sábado teníamos nuestras dudas, pero escuchar en un acto público que nos entregarán el edificio, nos tranquilizó", expresa.

Rafael Argotti, dirigente vecinal de la parroquia San Pedro y director del Instituto Metropolitano de Transporte, propone pedirle al Colegio de Ingenieros de Venezuela que participe en el proceso con el avalúo de los apartamentos. La sugerencia fue bien acogida por Giovanni Bianco, secretario general del colegio: "La Sociedad de Tasadores podría ofrecer su exper ticia, reconocida en todo el país y en el exterior. Es un problema muy crítico, el de buscar el verdadero valor del bien, que está subordinado a la situación política y económica del país. Con nuestra intervención garantizaríamos el pluralismo de ideas porque hay profesionales de distintos intereses políticos; por ejemplo, Argotti es parte de nuestra directiva".

Los concejales metropolitanos insisten en la creación del Banco Metropolitano y sugieren una partida de 2,6 millardos de bolívares, 600 millones más de lo que inicialmente se había proyectado. Calcula García que el dinero alcanzará para dotar de vivienda a 25.000 familias, que tendrían diversos planes de pago.